Cuidadores de animales, hoy son cazados por la autoridad
20 noviembre, 2025
*** La ley ya no está del lado del pueblo, sino del lado del poder

Redacion / Con Tlatelolco TV
Ciudad de México, jueves 20 de noviembre de 2025.
Por momentos, el salón donde los comerciantes dieron la conferencia de prensa parecía un refugio: ahí estaban, hombro con hombro, los hombres y mujeres que llevan décadas alimentando, vacunando, limpiando y cuidando a perros, gatos, aves, reptiles, conejos y peces.
Gente que vive con el olor —a veces dulce, a veces estridente— del mundo animal incrustado en la ropa.
Gente que sabe lo que es trabajar siete días a la semana para sacar adelante a una familia.
Pero esa mañana no estaban ahí para hablar de mascotas. Estaban ahí porque, por primera vez en años, se sentían perseguidos.
Porque ahora, desde un tribunal y desde una alcaldía, alguien decidió que ellos son el problema.
UN JUICIO QUE REVIVIÓ CON EL CAMBIO DE JUECES
El abogado César Ríos tomó la palabra. Su tono no era de academia, ni de litigante cómodo en la ley: era el de quien conoce una injusticia de cerca.
Recordó cómo en 2023 una asociación civil intentó responsabilizar a los comerciantes del Mercado Sonora del maltrato animal. Un juicio sin pruebas. Un juicio muerto. Un juicio sobreseído.
Pero ese cadáver jurídico resucitó.
No por evidencias nuevas.
No por denuncias frescas.
Resucitó porque cambió la estructura judicial del país.
Con nuevos jueces, recién instalados, recién nombrados, la asociación volvió a tocar la puerta. Y entonces, mágicamente, el Tribunal Colegiado aceptó su revisión y dictó sentencia en agosto de 2025 sin convocar a un solo locatario, sin escuchar a los afectados, sin ver un solo local.
“Se extralimitaron —manifestó Ríos—. Si había errores, ellos debieron regresar el expediente a la sala de origen. No lo hicieron. Prefirieron dictar sentencia desde un escritorio, afectando a 88 locatarios del Sonora y a todos los que venden animales vivos en los 340 mercados de la Ciudad”.
Un golpe silencioso, quirúrgico, desde la burocracia.
PARECE UNA TRAICIÓN
Alberto Vargas, dirigente de MONACOSO, subió al estrado con un fajo de papeles que más parecían pruebas de un crimen que documentos administrativos.
Acusó acuerdos políticos entre la alcaldesa Evelyn Parra y el diputado Jesús Sesma, el mismo que ha empujado leyes prohibicionistas que favorecen a corporativos multinacionales de mascotas, esos que venden cachorros en vitrinas iluminadas mientras señalan al pequeño comerciante como si fuera traficante.
“Esto es una jugarreta —indicó —. Una traición. Nos ocultaron el juicio, nunca nos notificaron, nunca defendieron a los locatarios. Hoy vienen a cerrarnos los locales como si fuéramos criminales”.
En las primeras filas, una mujer mayor, locataria del Sonora desde hace 37 años, apretaba una carpeta contra el pecho. En ella llevaba las facturas del alimento, vacunas, servicios veterinarios, permisos, inspecciones. Todo en regla. Todo de la mano de veterinarios profesionales. Pero aun así la tratan como delincuente.
Afuera del mercado, en cambio, el ambulantaje sigue vendiendo animales sin supervisión, sin cuidados, sin ley. La alcaldía no los toca. A ellos no les llegan las clausuras.
Ellos, pareciera, son los verdaderos beneficiarios.
LA PROHIBICIÓN QUE PRODUCE MALTRATO
La doctora veterinaria Aída Álvarez levantó un documento oficial de la Secretaría de Gobierno, fechado en noviembre de 2023: ahí, claramente, se establece que no existe prohibición para vender animales en mercados, siempre que se cumpla con la Ley de Bienestar Animal.
“Lo que están haciendo —aclaró, con un gesto de rabia contenida— es empujar a la clandestinidad. Y ahí sí hay maltrato, ahí sí hay tráfico, ahí sí hay crueldad. Prohibir no protege a los animales. Sólo empuja todo hacia el mercado negro”.
En otras palabras:
Los mercados regulados no maltratan animales.
Las prohibiciones sin estudio sí.
Pero el gobierno prefiere cerrar ojos y oídos. Prefiere seguir un guion político antes que escuchar a quienes conocen de bienestar animal de verdad.
CIEN MIL FAMILIAS EN LA LÍNEA DE FUEGO
El cálculo es demoledor:
300 locales en riesgo inmediato.
340 mercados afectados potencialmente.
Acuarios, veterinarias y tiendas populares amenazadas.
Más de 100 mil familias que dependen de esa economía.
Cien mil familias que, con un fallo judicial mal aplicado y una alcaldía complaciente, podrían quedar sin ingresos.
Todo mientras los grandes corporativos celebran.
Todo mientras las calles se llenan de vendedores irregulares.
Todo mientras los animales quedan más desprotegidos que nunca.
UNA JUSTICIA QUE YA NO ES JUSTICIA
Gerardo Cleto López cerró la conferencia con un mensaje directo, casi brutal:
“Esto es lo que pasa cuando la justicia se vuelve partidista. Cuando llegan personas sin preparación a los tribunales. Hoy lo sufren los pequeños comerciantes. Mañana será cualquiera. La justicia está dejando de ser justicia”.
Y entonces, por un momento, el silencio llenó la sala.
Era el silencio de una ciudad que descubre que, poco a poco, la ley ya no está del lado del pueblo, sino del lado del poder.
El silencio de quienes cuidan animales, pero que hoy sienten que el gobierno los quiere exterminar.
El silencio de quienes trabajan entre jaulas limpias, alimento, vacunas y madrugadas…
y que ahora viven con el miedo de escuchar, en cualquier instante, el golpe seco de la clausura en sus cortinas metálicas.

