Después de todo, el gobierno no quiso recibir las firmas

*** PGD: la ciudad que quiere borrar a sus vecinos

*** Entre firmas, silencios y sospechas de simulación, las Copacos denuncian un intento por desaparecer la representación ciudadana

Ignacio Arellano / Con Tlatelolco TV
Ciudad de México, viernes 22 de mayo de 2026.- La frase comenzó a circular entre teléfonos celulares, chats vecinales y grupos ciudadanos apenas terminó la jornada.

La indignación creció rápidamente.

Vecinos y representantes de Copacos denunciaron una “inconsistencia total” del gobierno encabezado por la Clara Brugada, luego de que —según acusaron— las autoridades rechazaran formalmente la recepción de nuevas firmas para exigir la reposición del proceso del Plan General de Desarrollo (PGD).

“El gobierno primero dio por aprobado el Plan General de Desarrollo con apenas algunos de sus representantes y ahora rechaza miles de firmas ciudadanas argumentando que se requiere la participación de todos”, reclamaron asistentes durante la protesta.

“Las reglas cambian día a día según a quién le convenga”.

La molestia no era solamente jurídica.

Era moral.

Porque para muchos vecinos el mensaje fue devastador: la participación ciudadana parece válida únicamente cuando coincide con los intereses políticos del poder.

“¿Participación ciudadana? Solo cuando les conviene”, repetían algunos inconformes mientras sostenían carpetas llenas de rúbricas.

La sensación de desencanto se extendió rápidamente entre quienes durante semanas caminaron calles, tocaron puertas y reunieron firmas convencidos de que todavía existían canales institucionales para ser escuchados.

“Clarita no escucha a la ciudadanía”, murmuró una mujer mientras observaba cómo los paquetes de sobres con documentos permanecían detenidas frente a oficinas gubernamentales.

Y en esa frase breve, casi dicha en voz baja, parecía concentrarse toda la fractura entre el discurso oficial de participación democrática y la experiencia real de miles de habitantes que hoy sienten que la ciudad comienza a cerrarse sobre ellos.

Las firmas que nadie quiere escuchar

Los paquetes de sobres llegaron cargadas de papeles, carpetas y hojas sujetadas con clips improvisados.
Pero no eran simples documentos.

Eran miles de nombres escritos con la urgencia de quien todavía cree que firmar puede servir para defender el lugar donde vive.

Once mil 794 firmas más fueron entregadas este jueves por ciudadanos y representantes de Copacos ante autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP). Se suman a las 9 mil 828 presentadas desde el pasado 10 de abril. Más de 22 mil voces que, hasta ahora, continúan atrapadas en un largo silencio institucional.

En el fondo, lo que se discute ya no es solamente un documento técnico llamado Plan General de Desarrollo (PGD).

Lo que está en juego, dicen vecinos de distintas alcaldías, es el derecho mismo de la ciudadanía a seguir existiendo dentro de la ciudad que habita.

Desde temprano comenzaron a llegar representantes vecinales de Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Cuauhtémoc.

Algunos cargaban folders desgastados.
Otros llevaban mantas.
Muchos traían cansancio.

La escena, en pleno Centro Histórico, parecía una mezcla entre trámite burocrático y resistencia civil.

En conferencia de prensa, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria denunciaron que ni el gobierno capitalino ni el IPDP han emitido una respuesta formal a la exigencia ciudadana de reponer completamente el proceso de consulta pública del PGD 2025-2045.

Cuarenta y un días después de la primera entrega de firmas, dicen, lo único que han recibido es silencio.

Y el silencio, en política, también comunica.

“Quieren decidir la ciudad sin quienes la viven”

Las voces se turnaron frente a los micrófonos con una mezcla de indignación y decepción.

Sara Alva, Laura Álvarez y Dinorah Domínguez, vecinas de Álvaro Obregón; Raquel Nava, integrante de Copaco en la colonia Hipódromo; Cecilia Núñez, de Tlalpan, y Antonio Quintino, del Bloque Copaco Iztapalapa, coincidieron en una misma denuncia: el PGD nació marcado por irregularidades y pretende avanzar sin una participación ciudadana real.

Hablaron de falta de información accesible.
De consultas limitadas.
De observaciones vecinales que, según denuncian, jamás fueron incorporadas de manera efectiva.

Pero detrás de los términos jurídicos apareció algo más profundo.

Miedo.

El temor de que la ciudad empiece a diseñarse desde escritorios cerrados, lejos de las banquetas rotas, de los mercados, de las unidades habitacionales y de los barrios donde la vida cotidiana todavía intenta resistir la presión inmobiliaria y política.

Porque para muchos vecinos el conflicto dejó de ser técnico hace tiempo.

Ahora es político.
Y también emocional.

La amenaza silenciosa: desaparecer las Copacos

Entre los asistentes comenzó a repetirse una palabra incómoda:

Desaparición.

Los vecinos sospechan que detrás de los nuevos foros legislativos sobre una eventual reforma a la Ley de Participación Ciudadana podría esconderse una operación política para desmantelar las Copacos y sustituirlas por asambleas vecinales con facultades todavía ambiguas.

Para algunos funcionarios quizá parezca apenas un rediseño institucional.

En las colonias, sin embargo, la sensación es otra.

Muchos habitantes lo viven como el intento de borrar años de organización comunitaria construida desde abajo, con todas sus fracturas, conflictos y limitaciones, pero también con memoria territorial y representación vecinal legítima.

Las Copacos son imperfectas, admiten incluso sus integrantes.

Pero siguen siendo el último puente institucional entre miles de ciudadanos y un gobierno que cada vez parece más lejano.

La ciudad de la opacidad

Otra de las críticas más severas fue dirigida al proceso de sistematización de la consulta pública.

Los vecinos cuestionaron que no exista claridad sobre cómo se están integrando las opiniones ciudadanas al documento final del PGD.

Nadie sabe qué observaciones sobrevivirán.
Nadie sabe cuáles desaparecerán.
Nadie sabe quién toma las decisiones.

La opacidad comenzó a convertirse en el principal fantasma del proceso.

Especialmente porque el Plan General de Desarrollo no es un documento menor: definirá durante las próximas dos décadas buena parte de la política urbana, territorial y de gobernanza de la capital.

Los representantes ciudadanos también señalaron inconsistencias en declaraciones públicas atribuidas a Patricia Ramírez Kuri, particularmente sobre el carácter vinculante del PGD y su relación con los usos de suelo.

En las colonias crece la preocupación de que el nuevo modelo de planeación abra la puerta a desarrollos inmobiliarios hoy prohibidos por programas parciales vigentes.

Y esa inquietud no nace desde la teoría.

Nace desde la experiencia cotidiana de una ciudad donde el concreto suele avanzar más rápido que los derechos vecinales.

El fantasma de la “afirmativa ficta”

Entre carpetas, consignas y declaraciones apareció también un término jurídico que hace apenas unos meses pocos ciudadanos conocían:

Afirmativa ficta.

Los vecinos temen que, si el Congreso local no actúa o guarda silencio, el PGD pueda avanzar prácticamente por inercia administrativa.

Es decir: que el silencio termine convirtiéndose en aprobación.

La posibilidad indigna a quienes llevan semanas reuniendo firmas bajo el sol, organizando asambleas y documentando irregularidades.

Porque mientras afuera la ciudadanía insiste en ser escuchada, adentro podría imponerse el desgaste político como método de validación.

Y eso, dicen, vaciaría de sentido cualquier discurso sobre democracia participativa.

Morena y el voto que encendió la indignación

El enojo ciudadano aumentó después de que diputados de Morena votaran en contra de la exigencia para reponer el proceso de consulta del PGD.

En un posicionamiento conjunto, ciudadanos y Copacos acusaron al grupo parlamentario de darle la espalda a una demanda legítima respaldada por miles de habitantes.

“La participación ciudadana se respeta, se escucha y se defiende”, señalaron en el pronunciamiento leído durante la jornada.

Para muchos asistentes, la decisión legislativa confirmó una sospecha que venía creciendo desde hace meses: la participación ciudadana es celebrada únicamente cuando no incomoda al poder.

Una batalla por el derecho a existir

La escena de este jueves fue mucho más que una protesta administrativa.

Fue la imagen de ciudadanos intentando impedir que la planeación urbana se convierta en un ejercicio vertical donde la consulta pública sea apenas un trámite decorativo.

Detrás de cada firma entregada hay vecinos que temen perder algo más profundo que una figura jurídica.

Temen perder voz.
Temen perder representación.
Temen que la Ciudad de México deje de escucharse a sí misma.

Y mientras los sobres llenas de rúbricas desaparecían detrás de puertas gubernamentales, quedó suspendida una pregunta incómoda sobre el futuro de la capital:

¿Quién está construyendo realmente la Ciudad de México… y para quién?