De la Ficción a la Realidad

Cuando unos cuantos se quedan con la llave

La disputa por la energía eléctrica y el control de áreas comunes en los estacionamientos de Tlatelolco revela un problema político y vecinal de fondo: nadie debería apropiarse de decisiones que corresponden a toda la comunidad.

Con Tlatelolco TV / Nacho Arellano 

Ciudad de México, jueves 27 de agosto de 2026.- Hay escenas de la política vecinal que, vistas desde afuera, parecen ficción.

Uno imagina una comunidad. Hay representantes. Hay administraciones. Hay autoridades. Hay reglas para convivir. Y, en teoría, cuando surge un problema en un área común, las partes dialogan, se revisan las atribuciones y se busca una solución.

Pero después llega la realidad.

Personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc acude para atender un problema. Existe una solicitud relacionada con el suministro de energía eléctrica. Se trata, según la denuncia de los vecinos, de revisar una instalación vinculada con un espacio de uso común.

Y entonces aparece la pregunta que convierte la escena en algo más que un simple conflicto entre vecinos:

¿Quién tiene la llave?

No es una pregunta menor.

Porque en Tlatelolco una llave puede abrir una puerta, pero también puede cerrar un derecho. Puede servir para proteger una instalación o convertirse en el símbolo de un poder que nadie sabe quién otorgó.

Y cuando alguien pregunta por qué no se permitió una revisión técnica para resolver un problema eléctrico, la pregunta inevitablemente cambia:

¿Quién decidió que podía impedirla?

La política del candado

Aquí es donde la ficción se encuentra con la realidad.

En los estacionamientos de la Segunda Sección, vecinos denuncian decisiones unilaterales que, aseguran, están agravando las condiciones de inseguridad, abandono y vandalismo. El problema no es solamente un desacuerdo entre Willi, Ángeles, una administración o cualquier otro vecino involucrado.

Ese sería el camino más sencillo: reducirlo todo a nombres, simpatías y enemistades.

Pero el asunto de fondo es otro.

¿Con qué facultades se toman decisiones sobre espacios e instalaciones que pertenecen al interés colectivo?

Durante la discusión surgió una queja contra Ángeles, presentada —según se informó— por la administradora de una de las entradas del edificio “Ignacio Ramírez”. Willi, por su parte, habría sostenido que determinado espacio o instalación permanece bajo llave.

Hasta ahí, cualquiera podría pensar que se trata de otro episodio de la larga novela vecinal.

El problema comienza cuando nadie explica con claridad quién autorizó ese control, bajo qué acuerdo se ejerce y hasta dónde llegan las facultades de quienes toman esas decisiones.

Porque una cosa es cuidar una instalación.

Y otra, muy distinta, es actuar como si cuidarla otorgara el derecho de decidir sobre ella.

¿Se están privatizando las decisiones?

La frase surgida durante la discusión resulta incómoda, pero necesaria:

“¿O ya se están privatizando las áreas de la luz?”

Quizá la palabra privatización sea, en este caso, una provocación política. Pero sirve para describir una preocupación legítima: cuando un área común comienza a depender de la voluntad de unas cuantas personas, cuando una revisión técnica puede detenerse porque alguien tiene la llave y nadie explica su fundamento, la comunidad tiene derecho a preguntar qué está ocurriendo.

No se trata de entregar las llaves a cualquiera.

Se trata de saber quién tiene la responsabilidad, quién cuenta con autorización y quién responde ante los vecinos.

La diferencia es enorme.

Porque en la vida comunitaria no debería existir la autoridad de facto. Esa figura tan conocida en la política mexicana: alguien que no necesariamente tiene el cargo, pero actúa como si lo tuviera; alguien que no exhibe el acuerdo, pero asegura controlar la situación; alguien que no explica de dónde proviene su facultad, pero decide.

Y todos los demás tienen que adaptarse.

Morena, COPACO y el peligro de confundir representación con control

El señalamiento ciudadano involucra políticamente a Morena y a integrantes relacionados con la COPACO II Tlatelolco. Pero precisamente por eso hay que ser rigurosos.

Una denuncia no equivale, por sí misma, a una responsabilidad comprobada.

Las personas señaladas tienen derecho a dar su versión de los hechos. Debe conocerse qué ocurrió durante la visita de Servicios Urbanos, quién solicitó la intervención, por qué no se permitió determinada revisión y cuál es la situación jurídica o administrativa de las instalaciones.

Eso corresponde documentarlo.

Pero también corresponde decir algo que no necesita demasiada interpretación: una representación vecinal no puede convertirse en un cheque en blanco para controlar unilateralmente los espacios comunes.

La COPACO tiene una responsabilidad frente a la comunidad, no una patente de propiedad sobre ella.

Y cualquier fuerza política que participe en la vida de Tlatelolco debería entender una regla elemental: representar no significa mandar; mucho menos apropiarse de las decisiones colectivas.

Si alguien cuenta con facultades, que las explique.

Si existe un acuerdo, que se conozca.

Si hay una responsabilidad administrativa, que se precise.

Y si no existe ninguna de esas condiciones, entonces habrá que preguntarse por qué se toman decisiones como si existieran.

Mientras ellos discuten, el vandalismo avanza

Ésa es, quizá, la parte más grave de esta historia.

Mientras unos discuten quién puede abrir, cerrar, autorizar o impedir, los estacionamientos continúan enfrentando problemas que los vecinos relacionan con la inseguridad, la falta de atención y el vandalismo.

La política del candado no ilumina un estacionamiento.

La confrontación no repara una instalación.

La disputa por el control no sustituye el mantenimiento.

Y una comunidad dividida difícilmente puede defender sus espacios comunes.

Un vecino resumió el desencanto con una frase sencilla:

“Espero se solucione este tema, creí que las cosas iban bien”.

Ahí está el verdadero costo político de estas pequeñas guerras.

La gente se cansa.

Se cansa de las reuniones que terminan sin acuerdos. De las versiones encontradas. De los grupos. De las acusaciones. De quienes siempre saben quién tiene la culpa, pero nunca explican quién tiene la solución.

Y mientras tanto, el problema permanece.

El Coordinador Territorial no puede ser un espectador

También existe una pregunta para la representación territorial.

Los vecinos recuerdan que hay un Coordinador Territorial, guste o no guste, coincidan o no con él, lo reconozcan políticamente o mantengan diferencias con su actuación.

La figura existe y tiene responsabilidades dentro de su ámbito.

Por eso, ante un conflicto que amenaza con convertirse en un nuevo factor de división, no basta con observar desde la distancia.

Se requiere diálogo.

Se requiere claridad.

Se requiere establecer quién tiene qué facultades.

Y, sobre todo, evitar que las diferencias personales terminen sustituyendo los mecanismos colectivos de decisión.

Nadie está obligado a coincidir con Willi.

Nadie está obligado a coincidir con Ángeles.

Nadie está obligado a respaldar a una COPACO por su sola condición de representación.

Pero todos deberían estar obligados a respetar las reglas que permiten convivir.

La realidad supera a la ficción

En De la Ficción a la Realidad hemos visto que la política no siempre se esconde en los grandes discursos, en las campañas o en las oficinas del poder.

A veces está en una llave.

En quién la guarda.

En quién decide cuándo se abre.

Y, especialmente, en quién decidió que tenía derecho a quedársela.

La denuncia vecinal sigue abierta y deberá ser verificada. Habrá que escuchar la versión de Willi, Ángeles, de quienes integran o representan a la COPACO II Tlatelolco, de la administración involucrada, de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la representación territorial.

Porque todavía faltan respuestas.

¿Quién autorizó restringir el acceso?

¿Por qué se impidió la revisión relacionada con el suministro eléctrico?

¿Qué facultades tiene cada una de las personas que intervienen?

¿Qué se hará para impedir que la falta de atención siga favoreciendo la inseguridad y el vandalismo?

No se trata de encontrar rápidamente un culpable para alimentar otra batalla política.

Se trata de recuperar algo que en Tlatelolco parece perderse cada vez que comienzan las disputas por el control: la idea de que lo común pertenece a todos y las decisiones importantes no pueden quedarse en manos de unos cuantos.

Al final, quizá el problema nunca fue la llave.

El problema es saber quién decidió entregarle a unos cuantos el derecho de decidir por los demás.

Y ésa, aunque parezca ficción, es la realidad que hoy los vecinos están denunciando.