Comerciantes respaldan a Alejandro Sánchez y exigen claridad a la Fiscalía

Ante las acusaciones de una presunta red de extorsión y narcomenudeo, productores, comerciantes y condóminos afirman que no reconocen como víctimas a quienes, según el señalamiento difundido, habrían sufrido delitos dentro de la Central. También aseguran no conocer al hombre identificado como “Coronel”.

Por Redacción de Con Tlatelolco TV

Ecatepec de Morelos, Estado de México, martes 22 de septiembre de 2026.- Hay momentos en que una Central de Abasto deja de ser solamente un lugar donde se compran y venden alimentos.

Se convierte en territorio de disputa por la verdad.

En Ecatepec, productores, comerciantes, empresarios y condóminos decidieron reunirse para hacer pública su posición frente a los señalamientos que han circulado en torno a la Central de Abasto y, particularmente, frente al caso de Alejandro Sánchez, cuya defensa sostiene que se le atribuyen delitos que no cometió.

La reunión tuvo un componente que sus organizadores consideraron fundamental: preguntar directamente a quienes trabajan todos los días dentro de la Central.

La pregunta fue concreta:

¿Algún comerciante presente ha sido víctima de extorsión o de algún otro delito de los señalados por la Fiscalía dentro de la Central de Abasto de Ecatepec?

De acuerdo con los organizadores y con reportes publicados sobre la asamblea, la respuesta de los asistentes fue negativa.

Una asamblea para responder a los señalamientos

La Asamblea General Extraordinaria se realizó en el Salón de usos múltiples del edificio de la Unión, dentro de la propia Central de Abasto.

Según la organización, estuvieron presentes comerciantes, productores y condóminos, además de un fedatario público, representantes de derechos humanos e integrantes de instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue invitada, de acuerdo con los organizadores, pero señalaron que no acudió ningún representante.

La ausencia también quedó colocada sobre la mesa.

Porque cuando una autoridad realiza acusaciones que pueden afectar el nombre de cientos de comerciantes, la respuesta de quienes son señalados no puede quedar suspendida en el aire.

Debe existir información verificable.

Debe existir derecho de réplica.

Y debe existir debido proceso.

“Coronel”: un nombre que los comerciantes dicen no reconocer

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la identidad de un hombre identificado como Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”.

Los asistentes, según los testimonios recogidos durante la asamblea, manifestaron no conocerlo, no identificarlo como comerciante de la Central y no haber tenido relación con él.

La afirmación contradice la versión que los asistentes atribuyen a la Fiscalía sobre presuntas actividades delictivas al interior del centro de abasto.

Aquí existe, sin embargo, un punto que corresponde esclarecer a las autoridades: una declaración colectiva de comerciantes no sustituye una investigación ministerial ni determina por sí misma la responsabilidad penal de una persona.

La verdad jurídica deberá establecerse mediante pruebas, actuaciones ministeriales y resoluciones de las autoridades competentes.

El comunicado 0855/2026, en el centro de la controversia

La Mesa Directiva informó a los asistentes sobre el documento identificado como 0855/2026, difundido con el encabezado atribuido a la Fiscalía:

“La Fiscalía del Estado de México desarticula red extorsiva y de narcomenudeo al interior de la Central de Abasto de Ecatepec”.

Pero precisamente la autenticidad y procedencia de ese documento se han convertido en uno de los puntos centrales de la controversia.

La Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec sostiene que el documento no aparece registrado ni publicado en los portales institucionales de la Fiscalía y señala que presentó un escrito formal para solicitar que la dependencia confirme si es auténtico.

Por ello, Con Tlatelolco TV considera indispensable que la Fiscalía aclare públicamente la autenticidad, origen y contenido del documento antes de que las acusaciones sean asumidas como hechos incontrovertibles.

Alejandro Sánchez: una defensa que ahora se vuelve colectiva

En el centro de esta disputa aparece Alejandro Sánchez.

Los comerciantes reunidos expresaron su respaldo a las acciones jurídicas emprendidas para buscar su liberación y cuestionaron que se le vincule con actividades delictivas dentro de la Central.

Medios locales han reportado que la organización prepara acciones jurídicas y administrativas relacionadas con el caso de Alejandro Sánchez y con los señalamientos contenidos en el documento atribuido a la Fiscalía.

Pero hay una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia.

Una persona señalada por una autoridad no deja de tener derecho a la presunción de inocencia.

Y precisamente por eso, cualquier afirmación sobre la culpabilidad o inocencia definitiva de Alejandro Sánchez deberá resolverse en las instancias correspondientes.

Lo que sí puede documentarse en este momento es que existe una controversia pública entre la organización de comerciantes y la Fiscalía, y que los primeros han decidido llevar su defensa por las vías jurídicas.

Una Central que afirma haber sido afectada

La disputa ya no se limita al terreno jurídico.

También, ha llegado al mostrador, al puesto, a la bodega, al cliente que deja de acudir.

La organización de comerciantes afirma que la difusión de los señalamientos provocó una reducción, aproximada, de 15 por ciento en las ventas y una disminución en la afluencia de clientes. 

En su pronunciamiento público incluso estimó que alrededor de 175 mil clientes dejaron de acudir. 

Estas cifras son declaraciones de la propia organización y no han sido corroboradas de manera independiente por Con Tlatelolco TV.

Detrás de los porcentajes hay familias.

Hay trabajadores.

Hay productores.

Hay transportistas.

Hay pequeños y grandes comerciantes.

Y existe una cadena de distribución que diariamente mueve alimentos hacia distintos puntos del Estado de México.

Por eso, una acusación pública contra una Central de Abasto no se queda necesariamente en el papel: puede convertirse en una percepción que termine afectando la actividad económica.

El Festival Abarrotero queda en pausa

Ante este escenario, los asistentes aprobaron por unanimidad suspender este año el Festival Abarrotero que se realizaba con participación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Los recursos, según lo acordado por la asamblea, serían destinados a la reactivación y relanzamiento de la Central.

Es una decisión que habla de la dimensión que los comerciantes atribuyen al problema.

Primero recuperar la confianza.

Después volver a celebrar.

“El Montaje”: memoria, documentos y derecho de réplica

Durante la asamblea también se informó sobre la intención de elaborar un libro titulado “El Montaje”, bajo la responsabilidad de los periodistas Mari Toña Santiago y Manuel Lino.

La obra, de acuerdo con lo planteado por los organizadores, buscará reunir antecedentes, documentos y acciones legales relacionadas con los distintos señalamientos que la organización considera parte de una campaña de desprestigio.

Entre los antecedentes mencionados aparece el caso de una supuesta bodega con mercancía robada que, según la versión de los representantes de la Central, habría sido ubicada fuera de sus instalaciones. 

También, se refieren a procedimientos legales promovidos posteriormente por integrantes de la Mesa Directiva. Estos antecedentes requieren ser revisados directamente en las resoluciones judiciales correspondientes antes de establecer conclusiones definitivas.

La defensa sale de Ecatepec

La controversia tampoco permanece exclusivamente dentro de la Central.

La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. ha expresado su respaldo a la Central de Abasto de Ecatepec frente a los señalamientos que considera perjudiciales para comerciantes y trabajadores.

Así, lo que comenzó como un conflicto alrededor de una investigación penal terminó convirtiéndose en una discusión mayor sobre reputación, debido proceso, responsabilidad institucional y derecho a la réplica.

La pregunta que permanece

La Central de Abasto de Ecatepec ha respondido con una asamblea.

Los comerciantes han hablado.

La organización ha anunciado acciones jurídicas.

Y la Fiscalía tiene la responsabilidad institucional de explicar, con documentos verificables, qué hechos investiga, qué personas están señaladas, cuáles son las pruebas y cuál es el origen oficial del comunicado 0855/2026 cuya autenticidad ha sido cuestionada públicamente.

Porque en un Estado de derecho las acusaciones deben probarse.

Y también las denuncias sobre una supuesta fabricación de delitos deben someterse a las vías jurídicas correspondientes.

La historia, por tanto, todavía no está cerrada.

Está en disputa.

Y mientras, esa disputa se resuelve en las instituciones, cientos de comerciantes siguen detrás de sus mostradores, levantando cortinas, acomodando mercancía y esperando que el nombre de su lugar de trabajo no quede condenado antes de que los tribunales determinen responsabilidades.

HECHOS, SEÑALAMIENTOS Y PUNTOS POR VERIFICAR

Hecho documentado: la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec emitió un pronunciamiento público y anunció acciones para solicitar a la Fiscalía aclarar la autenticidad del comunicado 0855/2026.

Testimonio colectivo reportado: comerciantes participantes en la asamblea manifestaron no haber sido víctimas de los delitos referidos y dijeron no conocer a Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”.

Señalamiento de la organización: atribuye a la difusión de los señalamientos una caída de aproximadamente 15 por ciento en las ventas y una reducción de clientes. 

Las cifras son declaraciones de la organización y requieren corroboración independiente.

Punto pendiente de confirmación: la autenticidad y carácter oficial del comunicado 0855/2026 deben ser aclarados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Punto jurídico: las acusaciones contra Alejandro Sánchez y cualquier otra persona deberán resolverse mediante las autoridades competentes y conforme al debido proceso.

La pieza queda deliberadamente fuerte en su denuncia, pero evita presentar como hecho probado que hubo una “fabricación de delitos” mientras esa afirmación no esté respaldada por una resolución o evidencia verificable.